Los magistrados se declararon inhibidos. Demandante anunció que volverá a presentar recurso.
Las pensiones millonarias de congresistas y magistrados quedaron vivas con la decisión de la Corte Constitucional de declararse inhibida para hacer un pronunciamiento de fondo sobre la demanda que pretendía tumbar los privilegios pensionales de congresistas y magistrados.
Después de más de casi un año de trámite, la Sala Plena del alto tribunal consideró que el reurso presentado no tenía suficientes argumentos para tomar una decisión de fondo sobre este tema. Es por eso que la Corte no rechaza la demanda y se puede volver a presentar.
La consecuencia directa de esa determinación es que, por ahora, las polémicas mesadas seguirán pagándose, aunque la acción puede volver a presentarse.
La ponencia inicial retiraba las gabelas, sin embargo la Corte decidió inhibirse, coincidiendo con la posición que recomendó la Procuraduría.
El demandante, el abogado Dionisio Araújo Angulo, exdirector de Defensa Judicial de la Nación, dijo que volverá a presentar la demanda y calificó la decisión de la Corte Constitucional de "sorprendente".
El trámite de la demanda duró más de un año debido a que cuatro de los nueve magistrados del alto tribunal se declararon impedidos para decidir en el caso, pues están próximos a la pensión.
Los cinco restantes no llegaron a un acuerdo unánime sobre la ponencia inicial, que retiraba las gabelas en las pensiones, lo que llevó al nombramiento de cuatro conjueces.
Los puntos clave de la demanda
Araújo demandó el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Argumenta que desde el 2005, en virtud de un acto legislativo, se prohíben los regímenes especiales. Además, que la norma viola el derecho a la igualdad de los demás jubilados.
El demandante señaló que el artículo también desconoce la sostenibilidad y el carácter razonable del sistema de pensiones.
Con la decisión conocida este jueves, la Corte dejó vivo el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que fija el régimen salarial de congresistas y empleados públicos y que ha venido siendo invocado para aprobar mesadas que violan el tope legal impuesto hace 6 años en la Constitución (mediante un acto legislativo): 25 salarios mínimos (14'167.500 pesos).
Tutelas y fallos que cuestan hasta 20 billones
Esta norma dejó abierto un boquete jurídico que con tutelas, demandas y reliquidaciones, excongresistas y ex altos funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía y las cortes han logrado que la justicia les otorguen pensiones de hasta 31 millones.
El artículo demandado permite fijar mesadas equivalentes al 75 por ciento del último salario, en lugar de promediar lo recibido en los últimos diez años, como ordena la ley.
Según cálculos del Gobierno, estos fallos le costarían al país entre 11 y 20 billones de pesos en los próximos años y reventarían el sistema.
Para ayudar a cerrar el boquete, el Fondo de Previsión del Congreso demandó 461 de las 900 pensiones de excongresistas: 106 se liquidaron con el artículo demandado, y el resto, con gabelas que valen 116.000 millones al año.
Derechos Reservados. www.eltiempo.com
