Decisión de la Corte Constitucional sigue sin pasar a la práctica. Tribunal prepara pronunciamiento.
En seis años, desde que ese tribunal ordenó proteger el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en casos de malformación del feto, riesgo para la vida de la madre o violación, las instituciones de salud han realizado apenas 1.102 de esos procedimientos.
A pesar de las órdenes de la Corte, ninguna autoridad tiene estadísticas de cuántas solicitudes se han radicado en Colombia desde el 2007. (Lea más noticias sobre la sentencia que despenalizó el aborto en Colombia para tres casos)
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres señala que aunque la sentencia (la 355 del 10 de mayo del 2006) es clara, las mujeres siguen encontrando trabas legales para interrumpir voluntariamente su embarazo en los casos despenalizados.
Esa ONG, que ha acompañado 360 casos, registra que solo seis de cada diez solicitudes ante el Sistema de Salud terminan en procedimientos quirúrgicos. Y en esos seis, siempre ha sido necesario interponer derechos de petición o tutelas.
"Ganamos el derecho pero sigue el proceso para que se haga efectivo", asegura Ariadna Tovar, del colectivo Womens Links Wordwide, que asesora a mujeres que se quieren practicar un aborto legal y que encuentran obstáculos en las EPS, hospitales o que son víctimas de señalamientos por intentar acogerse a la son estigmatizadas por la sociedad ante la decisión.
La situación de incumplimiento es tan grave que la Corte Constitucional prepara un nuevo pronunciamiento para recordarles a todas las instituciones relacionadas con el tema que cuando se cumplen las tres condiciones impuestas por el alto tribunal no existe posibilidad de que nieguen el derecho a abortar.
Los números, en todo caso, no coinciden. Según el Ministerio de Salud, en el 2010 solo 44 mujeres que denunciaron un abuso sexual se practicaron una interrupción voluntaria del embarazo. Pero ese mismo año Medicina Legal practicó 16.916 exámenes a víctimas de violación. Según denuncias de la Mesa de Trabajo, la negación al derecho de abortar en los casos despenalizados sigue dándose.
Caso de una menor violada
En un informe, se documenta el caso de una niña de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, que hace algunos meses fue raptada por hombres armados.
En una semana fue víctima de abusos y quedó en embarazo. Durante tres meses, su tía (la madre de la menor es habitante de la calle y enferma mental) ahorró para enviar a Bogotá a la niña para que su hermana mayor la llevara a que le practicaran una interrupción voluntaria del embarazo.
Autoridades de salud del Distrito se negaron a realizar el procedimiento y remitieron a la niña a un hogar del Icbf. Fue necesaria la intervención de la Defensoría del Pueblo para que se procediera al aborto, ya en condiciones más riesgosas para la salud de la niña.
En estos seis años, en el país se han realizado 251 abortos legales por la causal de violación. Otros 516, por grave malformación del feto y 178 por riesgo para la vida de la madre. Hubo otros 157 casos cuyas causas específicas no aparecen en los registros.
"Al menos cuatro de cada diez mujeres que reclaman su derecho no pueden ejercerlo -dice Paola Salgado, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres-. No sabemos si su decisión es acudir a otros medios para interumpir el embarazo (...) Todas estas mujeres estaban en algunas de las tres causales y sin embargo les negaron el procedimiento porque los prestadores de salud hacen una interpretación restrictiva de la orden de la Corte".
Por su parte, otros organismos se ha pronunciado sobre el tema. La Procuraduría, por ejemplo, le envió a la Corte Constitucional un informe sobre el tema, en el que aboga por la promoción de la maternidad, de la paternidad, del respeto a la vida del bebé antes de nacer y claridad en la aplicación de la objeción de ciencia. (Lea la posición de la Procuraduría sobre la interrupción del embarazo).
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Fallo de la Corte Constituconal, no se cumple
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